LA AFIRMACIÓN QUE FALTÓ.

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Alrededor de 10.000 directores de instituciones educativas participaron de la convocatoria del MEC en el polideportivo del club Sol de América. El presidente de la República, Fernando Lugo, al dirigirse a los mismos, les solicitó que no se dejen avasallar “por nadie, ni siquiera por el ministro ni por el Presidente de la República”. Antes les aseguró que el tiempo de la utilización político partidaria de los docentes se había terminado. El vice-presidente, Federico Franco, reiteró la misma idea: “Se terminó la época en que el ministerio político era el MEC”.

En cuanto a planes, el presidente de la República, se refirió al proyecto de dotar a cada alumno de las instituciones educativas de una computadora y de que todos los docentes tengan acceso a un salario. Posteriormente, el ministro de Educación, Galeano Perrone, enumeró cuatro principales metas del MEC: mejorar ostensiblemente la calidad, transparencia y eficiencia del servicio educativo; replantear el concepto, los alcances, la calidad y la gestión de la educación pública; promover la educación desde una sociedad justa y crear las condiciones necesarias para consolidar una nueva ciudadanía, promoviendo la responsabilidad, la participación y la autogestión de los grupos y las comunidades.

Igualmente fueron presentadas las cuatro acciones que se desarrollarían en el marco del plan de los cien primeros días de gobierno: “Todos por la lectura”. “Todos por la patria”. “Todos por la solidaridad”. “Todos por los valores”.

La educación es nuestro derecho y deber del Estado: ¿cuánto cuesta decir esto?

Entre el llanto del presidente, las promesas y la presentación de los planes, no se mencionó el asunto este de que la educación es un derecho y que las políticas públicas en educación deben garantizar derechos. Por ejemplo, justamente el tema de la identidad. Se rozó la cuestión en varias ocasiones: cuando Lugo solicitó a los docentes no dejarse avasallar, se estaba refiriendo a uno de los componentes del derecho a la educación que es la libertad intelectual e ideológica del docente que se sostiene en el respeto a la autonomía de los establecimientos escolares, otro componente del referido derecho.

En su discurso pronunciado en Berlín el año pasado, Vernor Muñoz, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación, señaló al respecto: “Al atender los verdaderos propósitos de la educación, es evidente que el proceso de integración de los derechos humanos debe involucrar a toda la educación y no sólo elementos puntuales de la currícula. Un reto de semejante envergadura, requiere de mayores y mejores compromisos de todos nosotros”.

Asimismo, entre las líneas de acción del MEC se habló del tema de la calidad en el marco de un replanteo conceptual. Y es justamente en este punto que tal replanteo debe realizarse desde el marco del discurso de los derechos humanos. De nuevo el discurso de Vernor: “El derecho a una educación de calidad implica la necesidad de orientar los procesos de aprendizaje y el entorno escolar para que los conocimientos se construyan en el seno de una ciudadanía respetuosa de la dignidad humana, la diversidad, la paz y la cooperación mutua”.

Probablemente en otra ocasión comentaremos acerca del tema de la lectura en su intersección con el plan de una computadora por niño. Sólo como anticipo mencionamos que el cruce de las nuevas tecnologías de información y comunicación con las prácticas de lectura, origina una tormenta conceptual al punto que hoy se habla de polialfabetismos, y a nosotros aún nos falta que conversemos al respecto en cuanto a sus derivaciones pedagógicas. Entre otras cuestiones, es recomendable no pegar en exceso el concepto de leer con el soporte libro de texto.

Asimismo, la acción “Todos por los valores” requiere que la revisemos desde la perspectiva del derecho a la educación porque entre las líneas mencionadas por el ministro de Educación se habla de la construcción de una nueva ciudadanía. Y esta se relaciona más con una Educación en Derechos Humanos porque en el paradigma de la educación en valores no se trabajan conceptos y prácticas como la exigibilidad, la justiciabilidad de los derechos; tampoco se profundiza en las responsabilidades del Estado con relación a los derechos y la práctica de la participación adquiere sentidos diversos cuando se la vincula con la construcción del Estado. Por ejemplo, el tema de la participación de niños/as y adolescentes en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía plenamente reconocidos por la Convención y el Código de la Niñez y la Adolescencia, es uno de los temas que desborda las posibilidades de una educación en valores. Puntualmente, además, el MEC se encuentra en deuda con compromisos internacionales al no incluir todavía la Educación en Derechos Humanos al interior de la educación pública. Los sucesivos informes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos dan cuenta de ese detalle.

Esperando la palabra.

No es, por tanto, un detalle menor la ausencia de la afirmación de que la educación es un derecho (y no un valor o un servicio) ante los 10.000 docentes convocados. Probablemente aún nos falte, según el discurso de Vernor Múñoz, “mayores y mejores compromisos de todos nosotros”…o simplemente informarse un poco mejor de lo que significa asumir funciones en instituciones del Estado.