Seguridad: ¿Cuál debe ser la respuesta del Estado?
De acuerdo a declaraciones del representante de la asociación de Empresarios del Centro, Luis Bordón, la referida entidad tiene contabilizada una pérdida de 1 millón de dólares debido al cierre de los negocios por el temor que generan los manifestantes, cada vez que se reúnen y marchan por la calles del microcentro. Por esta razón exigen al gobierno brindar seguridad en el microcentro.
No es sencilla la demanda para el gobierno porque la responsabilidad del Estado no es disponer cualquier tipo de seguridad. La garantía y protección de los derechos es la seguridad que corresponde y esto supone encontrar un punto de equilibrio entre las exigencias de los Empresarios del Centro y la utilización de los espacios públicos por parte de colectivos que igualmente llegan hasta el microcentro en demanda de sus derechos.
Gargarella sostiene, al respecto, que “al momento de hacer un balance acerca de qué peso asignarle a cada derecho, corresponden tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática” (El derecho a la protesta. El primer derecho). Mäs adelante, destaca: “la comunidad en cuestión tiene pleno derecho a reprochar tales excesos (roturas de edificios públicos, lesiones, etc.). Sin embargo, aun así, no debe perderse de vista lo más importante: es perfectamente posible distinguir estos reprochables excesos de la prioritaria necesidad de resguardar las expresiones públicas de la ciudadanía”. Luego remata: “es preocupante que un sistema democrático conviva con situaciones de miseria, pero es catastrrófico que tales situaciones no puedan traducirse en demandas directas sobre el poder público”.
Queda planteado, entonces, el desafío: la respuesta del Estado a las demandas de seguridad deben enmarcarse en la garantía y protección de derechos. Por supuesto que siempre se encuentran a mano opciones autoritarias como enrejar plazas, criminalizar la protesta o prevenir justamente la misma mediante códigos penales cada vez más vaciados de principios democráticos.
