AFIRMACIÓN Y NEGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN.

Hasta ahora las versiones son bastante opuestas: el abogado Pedro Gómez de la Fuente, director de Relaciones Internacionales del MEC y que se presenta como “secretario general de la UNESCO en Paraguay”, presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia solicitando que sean investigadas Nicanor Duarte Frutos, Blanca Ovelar de Duarte y María Ester Jímenez por hechos de corrupción.

Por su parte, la ex ministra de Educación y Cultura, Blanca Ovelar de Duarte, calificó la referida denuncia como “gran disparate”. Igualmente, María Ester Jímenez, que completó el período correspondiente a Blanca Ovelar en el cargo de ministra, aseguró que el mencionado abogado “no sabe de lo que habla”. Para agregar más detalles contradictorios al tema, esta última señaló que el propio actual ministro de Educación, Horacio Galeano Perrone, sería el primer sorprendido con el tema de las acusaciones presentadas por Gómez de la Fuente a la FIscalía.

En este rápido recorrido, quedan varias cuestiones para aclarar: tanto Gómez de la Fuente como las personas acusadas se ratificarían en sus versiones, aparentemente (conforme a la versión de Blanca Ovelar), el director de Relaciones Internacionales del MEC, estaría actuando por su propia cuenta sin que el ministro esté enterado del contenido de las acusaciones.

Se espera que este hecho puntual sea aclarado por las autoridades responsables teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones, la implicación de un organismo internacional (UNESCO) en el caso y la aparente falta de control del proceso por parte del actual ministro.

408.245 TEXTOS EN BUSCA DE ESTUDIANTES.

Mientras miles de estudiantes se encuentran sin libros y otros materiales necesarios, en depósitos del MEC se encontraron más de 400 mil textos, 7.213 kits escolares, discos de música, enciclopedias y libros de literatura que evidentemente nunca llegaron a las escuelas.

Este hecho – que viola el principio de asequibilidad del derecho a la educación – debe ser asumida por las personas que administraban anteriormente el MEC. Recordemos que precisamente la pasada administración dirigida por Blanca Ovelar de Duarte, había distribuido, por resolución Nº 11523, un Código de Ética en el marco del Programa Umbral con apoyo de USAID. Entre algunos de los principios éticos mencionados en el breve documento podemos destacar los siguientes: “La administración y utilización de los bienes públicos del Ministerio de Educación y Cultura al servicio exclusivo de los fines de la educación paraguaya (…) El servidor público está al servicio de la ciudadanía (…) La comunidad educativa es la principal beneficiaria del servidor público (…) La utilización transparente de los recursos públicos y la rendición de cuentas a la sociedad”.

La sección Valores del Código incluye, además, aquellas “formas de ser y de actuar de las personas que consideramos altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de los demás”. Allí se menciona, entre otros, la responsabilidad, servicio, honradez, transparencia, respeto, eficiencia.

Los hechos hasta ahora revelados por las nuevas autoridades del MEC demuestran que el mencionado Código de Ética tampoco se distribuyó al interior del ministerio o simplemente existe un problema grave de comprensión lectora en este ministerio. Cualquiera sea el escenario, y más allá de que se formen cuadrillas de voluntarios para distribuir los materiales encontrados, no debería apelarse a un código clásico local: minimizar la situación, señalar que fue un problema de gestión porque lo concreto es que se violaron varios principios del derecho a la educación. Probablemente, antes del Código de Ética, urge difundir a lo interno del MEC los contenidos del derecho a la educación y las formas posibles en que el Estado puede violarlo (y de hecho lo está violando con los resultados hasta ahora obtenidos en términos de calidad educativa). MInimizar estos hechos es una forma de esconder el problema, y esa práctica mejor dejarlo a los avestruces que lo hacen mejor. Por tanto, sería más que recomendable iniciar el proceso de desmontar la práctica de la impunidad desde esta nueva administración del MEC.