LA AFIRMACIÓN QUE FALTÓ.

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Alrededor de 10.000 directores de instituciones educativas participaron de la convocatoria del MEC en el polideportivo del club Sol de América. El presidente de la República, Fernando Lugo, al dirigirse a los mismos, les solicitó que no se dejen avasallar “por nadie, ni siquiera por el ministro ni por el Presidente de la República”. Antes les aseguró que el tiempo de la utilización político partidaria de los docentes se había terminado. El vice-presidente, Federico Franco, reiteró la misma idea: “Se terminó la época en que el ministerio político era el MEC”.

En cuanto a planes, el presidente de la República, se refirió al proyecto de dotar a cada alumno de las instituciones educativas de una computadora y de que todos los docentes tengan acceso a un salario. Posteriormente, el ministro de Educación, Galeano Perrone, enumeró cuatro principales metas del MEC: mejorar ostensiblemente la calidad, transparencia y eficiencia del servicio educativo; replantear el concepto, los alcances, la calidad y la gestión de la educación pública; promover la educación desde una sociedad justa y crear las condiciones necesarias para consolidar una nueva ciudadanía, promoviendo la responsabilidad, la participación y la autogestión de los grupos y las comunidades.

Igualmente fueron presentadas las cuatro acciones que se desarrollarían en el marco del plan de los cien primeros días de gobierno: “Todos por la lectura”. “Todos por la patria”. “Todos por la solidaridad”. “Todos por los valores”.

La educación es nuestro derecho y deber del Estado: ¿cuánto cuesta decir esto?

Entre el llanto del presidente, las promesas y la presentación de los planes, no se mencionó el asunto este de que la educación es un derecho y que las políticas públicas en educación deben garantizar derechos. Por ejemplo, justamente el tema de la identidad. Se rozó la cuestión en varias ocasiones: cuando Lugo solicitó a los docentes no dejarse avasallar, se estaba refiriendo a uno de los componentes del derecho a la educación que es la libertad intelectual e ideológica del docente que se sostiene en el respeto a la autonomía de los establecimientos escolares, otro componente del referido derecho.

En su discurso pronunciado en Berlín el año pasado, Vernor Muñoz, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación, señaló al respecto: “Al atender los verdaderos propósitos de la educación, es evidente que el proceso de integración de los derechos humanos debe involucrar a toda la educación y no sólo elementos puntuales de la currícula. Un reto de semejante envergadura, requiere de mayores y mejores compromisos de todos nosotros”.

Asimismo, entre las líneas de acción del MEC se habló del tema de la calidad en el marco de un replanteo conceptual. Y es justamente en este punto que tal replanteo debe realizarse desde el marco del discurso de los derechos humanos. De nuevo el discurso de Vernor: “El derecho a una educación de calidad implica la necesidad de orientar los procesos de aprendizaje y el entorno escolar para que los conocimientos se construyan en el seno de una ciudadanía respetuosa de la dignidad humana, la diversidad, la paz y la cooperación mutua”.

Probablemente en otra ocasión comentaremos acerca del tema de la lectura en su intersección con el plan de una computadora por niño. Sólo como anticipo mencionamos que el cruce de las nuevas tecnologías de información y comunicación con las prácticas de lectura, origina una tormenta conceptual al punto que hoy se habla de polialfabetismos, y a nosotros aún nos falta que conversemos al respecto en cuanto a sus derivaciones pedagógicas. Entre otras cuestiones, es recomendable no pegar en exceso el concepto de leer con el soporte libro de texto.

Asimismo, la acción “Todos por los valores” requiere que la revisemos desde la perspectiva del derecho a la educación porque entre las líneas mencionadas por el ministro de Educación se habla de la construcción de una nueva ciudadanía. Y esta se relaciona más con una Educación en Derechos Humanos porque en el paradigma de la educación en valores no se trabajan conceptos y prácticas como la exigibilidad, la justiciabilidad de los derechos; tampoco se profundiza en las responsabilidades del Estado con relación a los derechos y la práctica de la participación adquiere sentidos diversos cuando se la vincula con la construcción del Estado. Por ejemplo, el tema de la participación de niños/as y adolescentes en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía plenamente reconocidos por la Convención y el Código de la Niñez y la Adolescencia, es uno de los temas que desborda las posibilidades de una educación en valores. Puntualmente, además, el MEC se encuentra en deuda con compromisos internacionales al no incluir todavía la Educación en Derechos Humanos al interior de la educación pública. Los sucesivos informes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos dan cuenta de ese detalle.

Esperando la palabra.

No es, por tanto, un detalle menor la ausencia de la afirmación de que la educación es un derecho (y no un valor o un servicio) ante los 10.000 docentes convocados. Probablemente aún nos falte, según el discurso de Vernor Múñoz, “mayores y mejores compromisos de todos nosotros”…o simplemente informarse un poco mejor de lo que significa asumir funciones en instituciones del Estado.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE KUPI’I

LO QUE LOS DEPREDADORES NOS DEJARON.

Las dos últimas semanas que pasaron, asistimos azorados (o estuvimos de ingenuos mucho tiempo?) a los testimonios dejados por la administración anterior del gobierno, léase Nicanor y sus termites republicanos (kupi’ises locales): instituciones públicas vaciadas, discos duros de computadoras borrados, carpetas archivadoras sin documentos, vehículos carneados, hospitales públicos sin medicamentos, kits escolares sin distribuir, cajas chicas del MEC sin control, oficinas sin muebles o con personal comisionado hacia no se sabe dónde (VIce Ministerio de la Juventud, por ejemplo).

Con incuestionable crudeza, cobró plena vigencia aquel diagnóstico emitido por Bartomeu Melia en una conferencia en junio del 2001. En esa ocasión, él había apuntado: “El Paraguay en mucho de su imaginario está volviendo a ser cazador-recolector, en vez de ir a la civilización estamos pasando al salvajismo, somos de nuevo cazadores-recolectores…ni siquiera estamos en la fase más civilizada del salvajismo, sino en la fase previa de la caza-recolección, precisamente la de los chupadores, extractores. Son depredadores terribles…destruyen todo, ni siquiera se comen todo lo que han cazado…somos cazadores y recolectores sin rituales ni reglas”. Y como el cinismo es parte del habitus de estos chupadores, hoy ellos se disputan un escaño en el Congreso como si fueran modelos de eticidad y de reconocimiento de la dignidad humana, esa cosa incluida en el artículo primero de nuestra Constitución. Al menos la dupla Nicanor-Oviedo expresa esa visión particular de los depredadores sin ley.

Y DÓNDE ENTRA AQUI EL DERECHO A LA EDUCACIÓN?

La cuestión es simple: al ser la educación un derecho, su garantía, protección y promoción es responsabilidad del Estado y no sólo una preocupación sectorial del Ministerio de Educación y Cultura. Las semanas que pasaron, en ese sentido, nos mostraron la situación en que se encuentra el Estado que tenemos: vaciado, desmontado, pervertido en su función básica de garante de derechos. Al contrario, su funcionamiento es la contracara de lo enunciado en el artículo primero de la Constitución porque, asi como en tiempos de Stroessner (y esto lo describe el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia), la dignidad no constituye su principio estructurador sino otro elemento más chupado, corroído por los termites que aún pululan por sus pasillos.

Nos urge rescatar aquella idea enunciada en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 2000) cuando se planteaba que la educación básica se refería a una mirada amplia: educación capaz de satisfacer necesidades básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, dentro y fuera del sistema escolar, y a lo largo de toda la vida. Por supuesto que los poderes bastardearon esta mirada que se redujo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio a educación escolar básica en el marco de Reformas Educativas implementadas en los 90 en la región y que fracasaron.

Por tanto, nos urge retomar y reinstalar la cuestión educativa, el derecho a la educación en el contexto económico, social y político del país como territorio situado en otro que es regional. Esto supone no focalizarnos en exceso en la POLITICA EDUCATIVA desvinculándonos de las conversaciones sobre LAS POLITICAS. Un botón de muestra: se habla de una propuesta que permitiría alimentar a un millón doscientos mil alumnos/as mediante la instalación de cuatro procesadoras de alimentos. ¿Con qué modelo de producción, de consumo cultural, de reconocimiento de la diversidad es coherente esta propuesta? ¿Cómo se articula esto con cuestiones como la autonomía alimentaria?

Es cierto que hoy se habla de que las economías emergentes (así nos llamamos ahora) serían las grandes protagonistas en el inmediato futuro donde la demanda de alimentos emerge como la oportunidad a ser aprovechada. ¿Oportunidad para quién?, preguntaría Paulo Freire muy pícaramente.

LOS DESAFÍOS ENTONCES.

Pensar, conversar en torno al derecho a la educación como un derecho sensible a la situación y perspectivas de los otros derechos (salud, alimentación, trabajo, vivienda, tierra). Articular lo local con lo nacional y estos, a su vez, con lo regional. No reducir la cuestión educativa al enfoque sectorial aislado de la gestión del MEC como única instancia responsable. Reconocer que el desarrollo y el cambio educativo requieren perseverancia, tiempo y procesos más que proyectos puntuales y de corta duración (esto, por supuesto, va en contramano con la lógica apurada de los partidos políticos).

Además asumir que todo este caminar lo debemos hacer en el sentido inverso de los termites que aún siguen carcomiento la estructura de un Estado que en el papel se define como Estado Social de Derecho pero en la práctica es la principal variable de la violación sistemática de todos los derechos. Educar en tiempos de kupi’i exige conectar estrechamente dos cosas: iguales oportunidades de educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y satisfacción de las necesidades básicas de toda la población, entre ellas la propia educación.